BLOG # 3, noviembre de 2017

Blog del Dr. Sam

Queridos amigos,

LA PRIMERA LEY DE SALUD MENTAL de El Salvador

En 2009, el Ministerio de Salud de El Salvador (MINSAL) redactó su primera política de salud mental para orientar el trabajo en esta área. En 2011, se solicitó a ACISAM y CHHD que comentaran sobre la propuesta de revisión quinquenal de dicha política. En 2014, el MINSAL comenzó a trabajar en una Ley de Salud Mental (Ley de SM). La diferencia es que una ley tiene más peso, especialmente con la asamblea nacional, a fin de obtener más fondos para programas de salud mental a nivel nacional y tiene la facultad de sancionar mediante procesos legales su incumplimiento a cualquier persona o institución. ACISAM y CHHD contribuyeron a través de reuniones con el Ministerio de Salud y el Foro Nacional de Salud para el desarrollo de la ley. Nuestras contribuciones se centraron en aportes para que la ley se centrara en servicios de salud mental a nivel comunitario, asegurando la inclusión de personas usuarias y familiares cuidadores en las políticas y en la toma de decisiones, aumentando el apoyo del gobierno para las asociaciones de usuarios y familiares y su trabajo. El 29 de junio de 2017, la Ley de SM fue finalmente aprobada por la asamblea nacional (Decreto 716). La aprobación de una ley de salud mental es una importante victoria política, que ha sido defendida por la Organización Mundial de la Salud en los países con pocos recursos a fin de mejorar los servicios y los derechos humanos para las personas con discapacidad psicosocial.

Análisis. La Ley de SM tiene muchos puntos fuertes: la base de la ley son los derechos humanos; la ley exige que los ministerios de educación, justicia y seguridad lleven a cabo programas de capacitación relacionados con la salud mental y los derechos humanos; hace un llamado a los departamentos de servicios sociales, laborales y militares para que conozcan e implementen la Ley de SM en sus entidades; la ley exige que se preste atención a las familias y a las comunidades (no solo a los pacientes); la ley reconoce y enfatiza la necesidad de psicoeducación y rehabilitación (no solo medicación); la ley exige que los proveedores de atención primaria y otros proveedores básicos de salud evalúen las necesidades de salud mental; establece que todos los médicos deben estar capacitados para proporcionar servicios básicos de salud mental y tener acceso a medicamentos apropiados para sus pacientes; los hospitales generales también deberían tener unidades disponibles para manejar personas con trastornos mentales; el ministerio de salud debe promover la investigación en salud mental como un elemento clave para la toma de decisiones técnicas y políticas, e integrar las mejores prácticas de fuentes nacionales e internacionales; la ley establece que todos tienen derecho a participar en la planificación y evaluación de los servicios de SM a nivel de políticas, con un enfoque en los servicios a nivel comunitario; el derecho a estar acompañado por la familia antes, durante y después del tratamiento, y para que el paciente y su familia reciban el diagnóstico; recibir tratamiento sin estigma y discriminación; recibir tratamiento individualizado en un ambiente que respeta la privacidad del paciente; el derecho a ser admitido voluntariamente en una clínica de salud o en un hospital con el consentimiento del médico después del diagnóstico o reconocimiento de que uno es un peligro para uno mismo, o ser admitido en el hospital psiquiátrico nacional con el consentimiento de uno mismo, familia o parte responsable; el derecho a los medicamentos para garantizar la estabilización y la recuperación; y la ley aclara que las familias y los cuidadores también deben respetar los derechos, la igualdad y la autonomía individual de cada paciente, a fin de no discriminar a su propio miembro de la familia. En términos de la familia, la ley establece que la familia también tiene derecho a que se cubran sus necesidades, para asistencia y capacitación, de proveedores gubernamentales y privados de servicios de salud mental.

La ley exige la implementación de cuatro estrategias para la promoción general de la salud mental. Estas están estrechamente alineadas con los objetivos de nuestro programa De Familia a Familia, y brindan una excelente oportunidad y justificación para la asociación entre ACISAM y el Ministerio de Salud para lograr objetivos mutuos. Las cuatro estrategias de promoción de la salud mental son: educación basada en evidencia científica, comunicación social sobre salud mental, creación de espacios para la participación social en la promoción de la salud mental, y promoción de actitudes entre el personal de salud y los miembros de la comunidad para trabajar solidariamente.

Debilidades. En nuestra opinión, las debilidades en la nueva ley tienden a reflejar la preocupación del Ministerio de Salud de que las familias tomen más responsabilidad y sigan las instrucciones, en lugar de centrarse en las responsabilidades del gobierno. Por ejemplo, “los pacientes y las familias deben cumplir con los tratamientos y medidas terapéuticas definidas por el personal de salud”; y “las familias relacionadas directamente con el paciente asumirán la responsabilidad de cumplir con el tratamiento, el transporte y la atención del paciente según lo indicado por el médico”. Sin embargo, la ley no indica que los pacientes tengan derecho a elegir su tratamiento, o que el personal de salud debe proporcionarles a los pacientes información sobre todos los posibles tratamientos disponibles. Tampoco establece la responsabilidad del gobierno de ayudar a las familias a acceder al tratamiento, por ejemplo, mediante la descentralización de los servicios. Sin una mayor descentralización, la carga de los costos y el tiempo se convierte en una barrera importante para las familias que acceden a los servicios. La ley exige programas diurnos, comunidades terapéuticas (trabajo grupal y terapia a nivel comunitario) y otras mejores prácticas, pero “de acuerdo con los recursos disponibles”. En otras palabras, no requiere recursos nuevos para que el gobierno proporcione los recursos necesarios para estas acciones ni para el resto de estrategias que se plantea en la Ley; es decir cuál es la inversión en salud mental?. Si bien llama a “modernizar los servicios de salud mental en el país”, no define qué significaría o qué aspecto tendría. No hay vinculación entre salud mental y trabajo ni compromisos del estado, no hay regulación para centros de atención a nivel privados, no hay compromisos para el desarrollo de la capacidad jurídica y otros derechos importantes como la educación.

Conclusiones. La aprobación de la Ley de Salud Mental en El Salvador es un logro importante para el Ministerio de Salud y para los defensores de la salud mental en el país. La Ley de SM debe ser útil como una herramienta para mejorar los derechos humanos, establecer estándares más altos para la atención, y alentar al gobierno a financiar de manera más adecuada los servicios de salud mental, incluido un mayor acceso a los medicamentos. Si bien la ley tiene muchos puntos fuertes, que incluyen ciertos derechos del paciente, un enfoque en la inclusión de la familia, educación a nivel comunitario, la prestación de servicios en la comunidad/nivel de atención primaria, y un llamado para capacitación en SM para personal de agencias gubernamentales, todavía existen debilidades en la Ley de SM. Los principales entre ellos son un enfoque en la responsabilidad familiar en lugar de la necesidad del gobierno de descentralizar los servicios para reducir las barreras de acceso. La ley tampoco exige un mayor financiamiento para abordar la escasez de medicamentos u otros tratamientos, para aumentar y preparar el personal de salud mental y los servicios a nivel comunitario y otras necesidades que son, evidentemente, derechos humanos.

Por Sam Nickels y Nelson Flamenco

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